— Usted dijo que Bolivia vive la peor crisis desde el regreso de la democracia y que el presidente Arce debe buscar un acuerdo…
El país vive tensiones que no merece, la gente no merece estar en este nivel de incertidumbre y lo mejor que nos puede pasar, más que seguir dando vueltas al triste espectáculo que se dio la semana pasada, es promover un diálogo nacional, un diálogo político responsable que permita al presidente transitar hasta el término de su mandato; para que quien tenga la posibilidad de ser elegido pueda conducir un país más estable.
— ¿Cuál fue el escenario en 2005? ¿Cómo es hoy?
Cuando me tocó asumir la presidencia no tenía ni bancada ni partido y vivíamos tiempos de gran incertidumbre. Había violencia en las calles. La única herramienta con la que yo contaba era la del diálogo y la posibilidad de concertar y avanzar en soluciones posibles. Esto me permitió transitar esos siete meses convocando a elecciones. Dicho sea de paso, esas elecciones estaban con el riesgo de suspenderse por un fallo del Tribunal Constitucional que anuló la convocatoria.
Hoy estamos en una situación muchísimo peor porque está agravada por la economía; algo que no ocurría en 2005. Teníamos problemas, pero no de la magnitud ni de la crisis tan palpable para el bolsillo de los bolivianos.
— ¿Ahora estamos ante una dictadura judicial?
Estamos ante una evidente crisis judicial que puede tener rasgos de arbitrariedad. No es posible que teniendo la previsión constitucional de elegir magistrados cada seis años, al término de su vigencia, estos hayan decidido por sí, ante sí, a través de una declaración expandir indefinidamente su mandato. Han sido parte de una maquinación con un sector del oficialismo para ir postergando sistemáticamente esa renovación judicial y estos magistrados son los que no contribuyen al resguardo de los derechos fundamentales de los bolivianos, sobre todo, al acceso a tener una justicia independiente y al derecho de los ciudadanos de conformar esos órganos de poder, porque ellos han decidido ocuparlos indefinidamente y siguen evitando que el país aborde una reforma estructural.
— ¿Cómo ve o cómo ha sentido de parte de organismos internacionales sobre la imagen de Bolivia tras el intento de golpe?
La primera reacción fue muy uniforme. Hay precaución o más bien cautela sobre cualquier iniciativa o actuaciones de hecho que pongan en riesgo un proceso democrático. La democracia es el régimen o el sistema más bien de convivencia pacífica y armónica entre los bolivianos y cualquier pueblo del mundo. Creo que la reacción fue muy positiva en ese sentido. Cuando empezó a salirse del libreto, o más bien cruzar los límites del respeto del derecho internacional, es cuando algunos líderes empiezan a mezclar la defensa de un sistema político por su ideología y aquellas divergencias que tienen. Me refiero explícitamente a la declaración de los presidentes de Venezuela (Nicolás Maduro) y de Argentina (Javier Milei), pues no corresponden a este propósito de preservar la democracia. Tuvieron una actitud más bien ideológica que ingresaba con características de injerencia.
Hay que tener cautela con lo que uno escucha o lee de los pronunciamientos de esos líderes o de algunas misiones diplomáticas que también cruzan la línea y empiezan a asumir que se trata de confrontaciones por recuperar o lograr acceso a los recursos naturales de Bolivia. Me refiero a un comunicado de la embajada de Rusia.
— ¿Cómo evalúa la posibilidad de tener una evaluación independiente a merced de organismos internacionales?
No soy muy afecto que vengan de afuera a resolver nuestros problemas, ni la OEA ni la ONU ni ningún organismo regional. Ya han probado tener muy poca capacidad de así hacerlo. Voy a darle una última referencia. Recibimos al relator Diego García Sayán para que examine el estado de la justicia en Bolivia. Hizo informes muy detallados con recomendaciones y no pasó absolutamente nada. En la crisis del 2019 tuvimos un fiasco con los informes de la OEA, pero después, inmediatamente después, con los del grupo independiente de expertos internacionales (GIEI) que recomendaron reformas estructurales a la justicia y un tratamiento mucho más serio y responsable a los acontecimientos del 2019 y no ha pasado absolutamente nada. Por eso, insisto, más allá de las invocaciones internacionales, creo que está en manos de los políticos bolivianos, pero particularmente de quienes ejercen el poder público, el presidente, el vicepresidente, la Asamblea Legislativa que tiene un rol fundamental de representación ciudadana, de congregarse, sincerar el estado de los problemas del país, antes que llamar a sabios o expertos de la OEA o la ONU.
— ¿Usted tiene alguna esperanza de que un acuerdo suceda en el mediano plazo?
Esperaría que suceda en el corto plazo. Aprovecho para invocar al presidente Arce Catocora, al vicepresidente David Choquehuanca, para que puedan, con mayor responsabilidad, convocar a la brevedad posible a un diálogo político que, eventualmente, podrá ampliarse a otros sectores para que sean capaces de sincerar cuáles son las condiciones de la gobernanza en Bolivia, de las medidas que podríamos tomar sin mayor trauma y sin mayor dificultad entre todos.
Esta no es una lucha ideológica ni política, esta es la sobrevivencia de un país que reclama mayor unidad, mayor transparencia en la gestión y sobre todo para evitar estos sobresaltos como el que tuvimos la semana pasada o el que seguimos viviendo con nuestra judicialización ilegítima a través del Tribunal Constitucional y sus salas constitucionales que prácticamente deciden lo que se va a hacer en el país. Entonces, hay que dar un salto a esas dificultades con mayor altura y responsabilidad y eso se lo transmito al presidente.
— ¿Del diálogo que propone depende la estabilidad del país?
Sí y creo que uno de los primeros temas es el económico. El gobierno tendrá que sincerar cuáles son las verdaderas cifras que guían la estabilidad económica, la crisis fiscal, las posibilidades de endeudamiento y no solamente esos créditos que son destinados a obras específicas y no resolverán en absoluto la falta de liquidez. Tenemos un escenario internacional que varió desde la pandemia y las guerras internacionales y Bolivia no puede simplemente ignorar este nuevo contexto internacional para acudir, en su caso, a nuevas fuentes de inversión productiva o créditos que nos permitan sobrellevar esta crisis que deriva, sin duda, de contextos internacionales. Pero, no parece que tengamos una Cancillería muy afecta a contarnos cuál es la política exterior del país. Hay que conocerlas. Y bueno, en el ámbito institucional tenemos temas de justicia, de elecciones y, sobre todo, la certidumbre, la seguridad jurídica de los bolivianos de que cada día podrá ser mejor y no está regresión a tiempos oscuros.