El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, justificó el contrato con la empresa brasileña Cóndor por Bs 64 millones para la provisión de un lote de gases lacrimógenos destinado a operativos antidisturbios de la Policía Boliviana.
La autoridad informó que la compra fue directa y sin intermediarios, como sucedió durante la administración de su predecesor, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por un delito de fraude en el que fue implicado, precisamente, por beneficiarse por la compra de estos insumos.
Del Castillo recordó ese caso, pero también reveló que Carlos Romero, el último ministro de Gobierno de la era de Evo Morales, apeló a estos intermediarios.
“La administración del señor Arturo Murillo no fue la única que contrató intermediarios para adquirir gases lacrimógenos. Claro ejemplo es el contrato 626/2018, a través del cual se adquirieron gases en la época del señor Carlos Romero para comprar a los proveedores esos gases lacrimógenos. No sabemos qué pasó entonces y vamos a instruir auditorías no solo a las gestiones de Arturo Murillo, sino a gestiones pasadas”, declaró Del Castillo, en una conferencia de prensa en la que aseguró transparencia en esta operación.
Además, dijo que habrá un ahorro de Bs 16 millones que, según anunció, serán empleados para el fortalecimiento de tareas de seguridad que realiza la Policía.
Precisó que el trámite para adquirir estos productos no letales se cumplió en el marco de la aplicación de la Ley 400 y la normativa vigente sobre el control del orden interno. “No tenemos la cantidad, pero son bastantes lotes que ha recurrido la Policía. Se está reponiendo stock”, afirmó y negó que la adquisición sea solo para sofocar los actuales conflictos.
Indicó que se solicitaron cotizaciones a dos empresas de Colombia, a una de México, a otra de Perú, a tres bolivianas, a una firma de España, además de dos entidades de Estados Unidos y a la compañía brasileña Cóndor que es la que finalmente se adjudicó la provisión. Esa firma también fabricó los gases solicitados por la gestión de Jeanine Áñez, pero el entonces ministro Murillo gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por $us 5,6 millones.
“La única empresa del exterior que nos respondió fue Cóndor Industria Química SA y lo hizo el 22 de diciembre”, explicó Del Castillo, quien confirmó que había otras dos cotizaciones, por Bs 92 y Bs 87 millones, provistos por empresas locales. Con los Bs 64 millones que pidió Cóndor, se cerró el trato con el Gobierno.
Del Castillo insistió que fue de ahí que salió el monto del ahorro. “Hemos decidió adjudicar a la empresa que hizo la oferta más barata”, subrayó y anticipó que ese costo incluye el costo de transporte.
Pero, en noviembre de 2021, la Procuraduría incluyó a la empresa Cóndor en el caso Murillo por estar al tanto de la operación en la que participó BTS. “Cóndor está incluida en el proceso civil porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases”, dijo entonces el procurador del Estado Wilfredo Chávez.
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