El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró que las elecciones judiciales no son responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, revela que hubo estrategias que obstruyeron los comicios.
«Sobre el tema de la prórroga de mandato de los magistrados, siempre hemos dicho: ‘De quién es la responsabilidad de la elección de magistrados del órgano judicial, ¿es del gobierno nacional? No’. La CPE establece que es un tema del Órgano Legislativo. Ellos son los que han generado este problema», afirmó en contacto con los medios de comunicación, este jueves.
Arce profundizó, consultando: «¿Dónde empieza esto? He visto el debate en los medios de comunicación. Hubo debate para aprobar una convocatoria. Si la población está creyendo que la elección de magistrados va a resolver el problema de la justicia en el país, se equivoca».
Según el presidente, «es que no se resuelve con las elecciones judiciales. Pueden cambiar a quien sea, pero no va a resolver el problema. La gente no está pensando (en) quiénes son las magistrados, sino (que) está preocupado en que le resuelvan sus casos».
Para Arce, este empantanamiento que ha habido en la Asamblea «corresponde a los que tienen representación en la ALP. La Constitución no establece otro mecanismo; para nosotros esto es claro: han tratado de decir que nosotros, el Gobierno somos los responsables; pero no es así. Hay que seguir lo que dice la Constitución», remarcó.
Por su parte, el presidente del TSJ, sostuvo que, durante todo el año, existió «una estrategia», «una intencionalidad», para que las elecciones judiciales no se realicen y así someter la justicia al poder político.
“A estas alturas podemos pensar que hubo un diseño, una intencionalidad, una estrategia para hacer fracasar las elecciones judiciales y luego llegar a este extremo, a esta coyuntura. La crisis del Órgano Judicial pasó de ser estrictamente jurídico y de análisis constitucional a ser político”, aseguró Torres.
El martes, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron autoprorrogarse en sus cargos hasta que nuevas autoridades sean electas en unas elecciones judiciales; la determinación también alcanza a los altos cargos del Órgano Judicial.
Tras esa determinación, comenzó una descalificación generalizada contra los magistrados. Legisladores de las distintas fuerzas políticas ya anunciaron un juicio de responsabilidades contra esas autoridades.