La repercusión surgió luego de la imputación de la Fiscalía de La Paz contra la expresidenta Jeanine Añez; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otras seis personas acusadas de los supuestos delitos de Terrorismo, Asociación Delictuosa, Uso indebido de Bienes y Servicios Públicos por el Caso Golpe de Estado I.
«No hubo golpe de Estado en 2019 y lo que hubo evidentemente fue fraude, eso no es una posición como dirigente, sino hay informes de la OEA y otras instituciones que indicaron irregularidades en el proceso electoral en 2019″, declaró el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira.
Agregó que la ex vocal del órgano electoral, Rosario Baptista, había revelado también anomalías en el padrón electoral.
El diputado de CC, José Luis Porcel, también recordó que no hubo golpe de Estado y que la imputación fiscal es parte del plan del MAS para hacer persecución política y generar una «cortina de humo» ante la crisis económica, social y política por la que atraviesa el país.
A su vez, la diputada Luciana Campero, consideró que no se respetó la decisión del 2016, cuando en el referéndum la mayoría de la población boliviana, decidió que Evo Morales no vuelva a repostularse a la presidencia.
«Pese a ese resultado, el señor Morales se postuló en las elecciones generales del 2019 de manera fraudulenta. Cuando los resultados no eran favorables se modificaron que está no solo en el informe de la OEA, sino en informes ciudadanos y de distintas organizaciones internacionales que observaron la elección», manifestó.
La legisladora puntualizó que cuando se intenta imputar a otras personas por el caso Golpe de Estado I se monta una mentira nuevamente por el MAS que no responde a la verdad histórica de los hechos suscitados a finales de ese año.
El Ministerio Público culminó la investigación en este caso después de colectar 133 pruebas documentales y 131 testificales, por lo que la Comisión de Fiscales presentó la acusación formal en contra de ocho personas por los delitos de Terrorismo, Asociación Delictuosa, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, entre otros.