El procurador general del Estado, César Siles, aseguró este lunes que se hará “todo el esfuerzo necesario” para que la demanda del caso Hotel Las Américas sea declarada “improbada” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “o al menos la sentencia sea en términos más favorables para el Estado boliviano”.
El pasado 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó a Bolivia sobre la presentación de la causa ante la Corte IDH, después de no haber aceptado una nueva solicitud de ampliación para el cumplimiento de sus recomendaciones (entre ellas una reparación económica a las víctimas) por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas durante el asalto al Hotel Las América de Santa Cruz, ocurrido en 2009.
“Nosotros hemos ido informando como Procuraduría, en representación del Estado, los esfuerzos que se estaban haciendo, no solamente en el tema de la reparación económica, sino también en las otras recomendaciones, que en total son cuatro. (Sin embargo, al final) hemos sido notificados formalmente que la CIDH ha rechazado una posibilidad de ampliación adicional porque considera que ya no habrá tiempo para cumplir con las recomendaciones, criterio con el que discrepamos como Estado, pero es la instancia competente que ha decidido llevar el caso a la Corte”, afirmó.
El Procurador agregó que este proceso fue iniciado por seis peticionarios y que ahora se definirá una estrategia de defensa dentro de un proceso que se prevé durará unos dos o tres años.
Reparación económica
El funcionario recordó que, inicialmente, los peticionarios solicitaron tres millones de euros de compensación económica por la ejecución del ciudadano irlandés Michel Dwyer y “por el caso de las personas que han sido supuestamente vejadas y torturadas, un millón de dólares para cada una de ellas”.
Ante ese requerimiento, “hemos pedido una nota técnica (a la CIDH) y afortunadamente, en el tiempo que tuvimos (para cumplir con las recomendaciones), llegó ese criterio técnico y ha sido puesto a conocimiento de los peticionarios”, señaló.
Explicó que en ese criterio técnico se habla de montos referenciales con base en casos similares y, en ese sentido, el monto de compensación económica sería de solamente “500 mil a 600 mil dólares como máximo” por la muerte de una persona.
“En caso de torturas y vejaciones no debería pasar los 100 mil dólares por persona. Eso se ha hecho conocer todo a través de la CIDH a los peticionarios y entiendo que ha sido uno de los motivos para que ellos nieguen cualquier posibilidad de seguir avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones”, sostuvo.