La dirigencia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz instruyó a todas sus organizaciones de base “iniciar, de forma organizada y escalonada, el bloqueo general de carreteras a partir de las cero horas del martes 8 de octubre”.
Esta medida es asumida en demanda de la modificación del Decreto Supremo 5225, que declaró pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional debido a la emergencia por los incendios forestales.
La instructiva, firmada por más de una decena de dirigentes, recuerda que en un ampliado de emergencia del pasado 17 de septiembre, su federación determinó el “pedido de abrogación del Decreto Supremo 5225, a fin de evitar conflictos y mantener un clima de estabilidad en el departamento de Santa Cruz”.
En ese sentido, según el mismo documento, la federación aceptó abrir espacios de diálogo y acordó consensuar posibles modificaciones del cuestionado decreto suscribiendo el 26 de septiembre, con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio Desarrollo Rural, ABT y el INRA, “un acta de compromiso que, en lo esencial, señala que, a partir del 30 de septiembre, se instalarían mesas técnicas de trabajo a fin de ir consensuando la modificación de los artículos 3 y 5 (del citado decreto)”.
La federación campesina añade que, “pese a haberse instalado las mesas técnicas de trabajo, los funcionarios (…) asignados, se resistieron a consensuar la modificación de los artículos 3 y 5, dejando claro que no se encontraban con facultades para llegar a ese consenso, por lo que, dicho trabajo fue suspendido en horas de la tarde del 1 de octubre a fin de que se haga presente el Ministro de Medio Ambiente y Aguas en Santa Cruz a objeto de dar cumplimiento a lo acordado”, cita el documento.
Luego, según la organización campesina, se cursó una carta de invitación para reiniciar los trabajos el jueves 3 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, pero “no existiendo respuesta de naturaleza alguna, encontrándose burlado el acuerdo de 26 de septiembre”.
El Artículo 3 establece que “las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios serán consideradas Tierras Fiscales No Disponibles por un periodo mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración y su posterior utilización”.
El Artículo 5 indica que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, reforzarán el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional.
Sin embargo, la organización que amenaza con bloqueos asegura que se pide la modificación de los dos artículos porque “ponen en riesgo y dificultan el acceso a la tierra” de las comunidades campesinas.