En medio de la crisis e incertidumbre que existe después de que el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso de las elecciones judiciales, legisladores del oficialismo, la oposición y abogados constitucionalistas identifican al menos cinco opciones para evitar que en enero de 2024 se genere un vacío de poder en el Órgano Judicial.
Entre las propuestas están tres proyectos de ley: una corta para viabilizar las elecciones; otra para que el Legislativo elija a magistrados interinos y la tercera que apruebe un referéndum para una reforma parcial de la Constitución. Las otras propuestas, son dos decretos: uno que amplíe la gestión de los actuales magistrados y otro que designe autoridades judiciales interinas por 90 días.
Proyectos de ley
El jefe de bancada en Diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, explicó ayer a EL DEBER que presentaron a la Cámara Baja un proyecto de ley corta y transitoria para que las elecciones judiciales se realicen este año. La propuesta tiene dos componentes esenciales.
“El primer componente establece una elección inicial a cargo de la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución. El segundo componente central es que este proyecto de ley garantiza, con un cronograma de fechas muy claro y ajustado, que hasta el 4 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) va a tener las listas de los postulantes y garantice las elecciones judiciales para el 3 de diciembre”, explicó Urquidi.
La propuesta de CC suprime la fase de entrevistas personales que hacía la Comisión Mixta a los precandidatos al Órgano Judicial.
El 4 de agosto, la Comisión Mixta de Constitución presentó al Senado el proyecto de ley 144 que regula la preselección de postulantes al Órgano Judicial mediante un “acompañamiento técnico” de organizaciones sociales como las Bartolinas, COB, Csutcb, Conamaq, además de colegios de abogados, universidades, periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil. Con este proyecto de ley, el MAS busca que la oposición apoye y se logren los dos tercios de votos para hacer viable las elecciones judiciales.
En caso de que la intención fracase, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la línea ‘evista’ trabajaron otro “proyecto de ley especial de transición” que plantea que la ALP designe autoridades interinas mientras se organiza la elección judicial.
“El objeto de la ley es disponer de manera excepcional la designación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental”, explicó a EL DEBER el diputado de MAS Renán Cabezas.
La otra propuesta parte del grupo de “juristas independientes”, liderados por el abogado y exalcalde de La Paz Juan Del Granado. El experto dijo que tras el fallo y las exigencias del TCP “es muy poco probable que este año se realicen las elecciones judiciales”, lo que en enero de 2024 puede generar un “peligroso vacío”.
Del Granado plantea que se haga un “gran acuerdo nacional” y se apruebe “la ley de convocatoria a un referéndum para cambiar la forma de selección de magistrados y viabilizar una verdadera selección y elección en base exclusivamente a méritos buscando la idoneidad e independencia de los magistrados y eliminando la atribución de la Asamblea Legislativa de seleccionar postulantes”, dijo Del Granado.
Decretos y otras opciones
El abogado constitucionalista Williams Bascopé dijo que si la ALP no logra concertar una ley corta con dos tercios para las judiciales, el presidente Luis Arce puede emitir un decreto para designar a nuevos magistrados interinos por 90 días.
“Para esto, hay un precedente constitucional”, dijo el experto y recordó que Carlos Mesa y Evo Morales, cada uno en sus respectivos mandatos, se valieron del mismo procedimiento para evitar el vacío de poder.
No obstante, los Juristas Independientes dicen que el Órgano Ejecutivo no tiene ninguna atribución constitucional para designar magistrados, ni siquiera con carácter interino.
En caso de que el Gobierno quiera alargar el mandato de los actuales magistrados únicamente lo puede lograr mediante la aprobación de una ley la misma que deberá ser sometida a un control constitucional en el TCP. “También hay un precedente como es la ampliación de mandato de Jeanine Añez y de los diputados y senadores”.
Arce y su gabinete
Para el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso una opción para no generar un vacío de poder es que el jefe de Estado mediante un decreto amplíe el mandato de los actuales magistrados, basado en los antecedentes que existen en el TCP.
“El segundo escenario sería que el mismo presidente y su gabinete, por decreto nombre a notables para que ejerzan las funciones de magistrados mientras realizan la elección de magistrados y jueces en Bolivia”, dijo Baldivieso a EL DEBER.
En tanto, el analista político Gregorio Lanza identifica dos caminos para evitar un vacío de poder: “Uno es el camino retrógrado que sería sacar una ley para mantener a los actuales magistrados, pero eso sería un premio a la impunidad de los magistrados”, dijo Lanza. No obstante, esa ruta podría ser riesgosa para el presidente Arce porque estos magistrados que fueron “elegidos por Evo Morales” podrían perjudicarlo en su intención de repostularse y allanar el camino al líder del MAS.
El otro camino, que ve el experto es que todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa allanen el camino para aprobar una ley corta que garantice las elecciones judiciales.
En enero de 2024, el Órgano Judicial debe tener a nuevos magistrados.
Diferentes opciones
PLAZO DEL TSE
El Tribunal Supremo Electoral dio hasta el 4 de septiembre para que la Asamblea Legislativa entregue la lista de candidatos seleccionados para el Órgano Judicial.
PROPUESTA DE LA ALP
La Comisión Mixta de Constitución tiene una propuesta de ley corta; CC plantea una norma suprimiendo la fase de entrevistas y los ‘evistas’ que la ALP elija con una ley a interinos.
FIN DE SU GESTIÓN
Los actuales magistrados terminan su mandato constitucional en diciembre de 2023.
