Arce no pacta y regiones se quedan sin dinero para obras ni aguinaldos

El gobierno del presidente Luis Arce recibió ayer la primera derrota de la legislatura 2023-2024 ante el ‘evismo’ y la oposición. Un total de 92 votos rechazó en la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto reformulado con todas las disposiciones que el Ejecutivo buscaba ejecutar, incluida una sobre la persecución del lavado de dinero. Este hecho dejó a municipios y universidades sin la posibilidad de cubrir emergencias, pagar obras, sueldos e incluso aguinaldos.

En una votación por escrutinio, 92 asambleístas votaron en contra, 62 a favor y tres legisladores optaron por votar nulo. David Choquehuanca, el vicepresidente del país y presidente nato de la Asamblea Legislativa, dirigió una prolongada sesión que se prolongó por casi 14 horas. En ese tiempo de debate no buscó ningún tipo de acuerdo a pesar de la débil gobernabilidad.

Los cuatro artículos del plan de gastos adicional no tenía rechazo. De hecho, hubo un consenso inicial en aprobarlo en la sesión a la que acudió un centenar de alcaldes de varias regiones del país que siguieron el debate desde las graderías del hemiciclo y otros cientos que no llegaron La Paz, pero se trasnocharon en sus regiones. El debate terminó a las 05:00.

El rechazo fue en las siete disposiciones adicionales que acompañaron a este presupuesto desde que llegó al Legislativo en agosto pasado. Choquehuanca, siguiendo la línea de la Casa Grande del Pueblo, se empecinó en mantener estas siete disposiciones, una de ellas empodera a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y establece que cualquier funcionario de entidad financiera pueda denunciar cualquier transacción “sospechosa” sin recibir sanción alguna, lo que para la oposición y el ‘evismo’ busca generar persecución política.

Choquehuanca escuchó al menos al 80% de los presentes, fue evidente que la mayoría le pidió que anule esas disposiciones, como había decidido el Senado, pero esa no era una opción. Tampoco se lo vio buscar acuerdos, salir o hacer llamadas. A medianoche convocó a los jefes de bancada, pero nada cambió. Así, pasadas las 05:00, tras el voto por escrutinio que él impuso, salió derrotado de un partido que aparentemente no quiso jugar, ante un MAS fracturado y una oposición con voz alta.

Tras la derrota, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuando ya nada se podía hacer, salió para denunciar un “boicot económico” porque se impide que gobernaciones, municipios y universidades reciban recursos extras para hacer frente a la emergencia por incendios y fenómenos naturales. También descartó aprobar el presupuesto por decreto y aseguró que el Ejecutivo buscará otras alternativas que no pudo detallar.

“Así de concreto. El pacto que se ha firmado para tomar la dirección del Senado hoy se plasma de manera pragmática con el sabotaje que se ha hecho por la megacoalición opositora Evo-Camacho- Mesa. Entonces, queda claro para nosotros, como Gobierno nacional, que se ha realizado un atentado contra la economía nacional, popular a la regional, de los municipios, gobernaciones y universidades”, sostuvo Montenegro.

La senadora de Creemos Centa Rek dijo que el presupuesto se podía aprobar por decreto. El diputado Carlos Alarcón de CC señaló que luego de que el Senado y la Asamblea rechazaran el proyecto original, quedaba vigente el que emitió la Cámara Alta, sin las siete disposiciones transitorias, convertidas en la manzana de la discordia. Montenegro, respondió: “Esa posibilidad no existe porque vulnera el estado de derecho”.

Los alcaldes afines al MAS, que acompañaron al ministro, lamentaron la decisión de la Asamblea, y manifestaron que se sienten “apuñalados por la espalda” y anunciaron acciones penales y movilizaciones. Así lo señaló el presidente de Amdecruz, Hediberto Cuellar.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, admitió luego que la Alcaldía de Santa Cruz “no podrá pagar salarios ni aguinaldos”. “Por eso plantearemos un nuevo proyecto de ley reformulado sin incorporar ningún otro elemento”

Las universidades también están en alerta. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dijo en conferencia de prensa que su institución se había declarado en estado de “en estado de emergencia por la falta de atención presupuestaria de parte del Ministerio de Economía”. “Si el gobierno no nos atiende porque la universidad estaría imposibilitada de recibir a los nuevos bachilleres que saldrán este año. No podemos pagar sueldos ni aguinaldos. Si en 72 horas no hay respuestas, nos tendremos que ver en las calles”, dijo Cuéllar.

“Al parece no tienen plata. Que sean sinceros y nos digan ‘no tenemos plata’. Están diciéndonos desde varias regiones que no hay recursos ni para los aguinaldos de este año”, cuestionó el diputado Renán Cabezas de la facción evista del MAS. “No se puede aprobar la misma ley, lo que podemos hacer es tratar el Presupuesto 2024”, afirmó el legislador a los periodistas.

Disposiciones adicionales no van con la CPE
Por Israel Quino, abogado constitucionalista

El proyecto de Ley 464/2022-2023 de Modificación al Presupuesto General del Estado 2023 posee inconstitucionalidades dentro sus disposiciones adicionales que pueden ser demandadas.

Primera. Suprimiendo el rol de los legislativos subnacionales dispone (este proyecto) que en caso que no sean expresamente rechazados por los Concejos o Asambleas en un plazo de 15 días hábiles, podrán ser aprobadas mediante norma emitida por la Máxima Instancia Ejecutiva.

Segunda. Se pretendió “aprovechar” la modificatoria de normativas conexas que no fueron objeto de la ley financial que se debatió.

Tercera, se quiere modificar una ley sobre un Fondo de Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Esta norma no es propia de una modificación presupuestaria estatal.

Cuarta. Pretende crear “Empresas de Tecnología Financiera”. Claramente está disposición no favorece ni beneficia a universidades ni municipios como se pretende hacer ver con insistencia. Una ley presupuestaria no tiene este propósito, es administrativa.

Quinta, se pretende incorporar una Disposición Final Única en favor de la Procuraduría y con ello garantizarle presupuesto para aquellos litigios que está perdiendo en estrados judiciales internacionales. Esta legislación corresponde a otro ámbito.

Sexta y séptima. Se pretende modificar el polémico artículo 393 de la Ley 393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 2013, sobre los requerimientos de información y control de grupos financieros vía ASFI y los famosos “Sujetos Obligados” del paquetazo de leyes. Esto no tiene nada que ver con una ley presupuestaria que se intentó aprobar.