El informe 2022-2023 de Amnistía Internacional coloca a Bolivia en una situación delicada porque observa la injerencia de las autoridades en la justicia, la desprotección a defensores de derechos, la degradación ambiental y el abuso policial con productores de coca en las manifestaciones.
“Las autoridades no protegieron a las personas defensoras de los derechos ambientales, que, según las organizaciones locales, fueron objeto de al menos 200 agresiones y amenazas durante el año. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín, siguieron denunciando amenazas contra ellos y sus familias”, dice parte del informe anual de esta organización.
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