Para muchos, Guarayos representa una especie de tierra prometida, donde todo florece y da fruto. Ahí en el noreste del departamento de Santa Cruz se pueden hacer dos cosechas al año y de su suelo pueden brotar los principales granos que sostienen la economía agroindustrial DE la región.
Este potencial, es una de las principales causas, para que desde hace ya más de un año se registren disputas por la tenencia de predios en ese lugar. Y a esto se suma la débil presencia estatal, que alienta la toma ilegal de predios.
“Es un área de expansión agrícola y eso le da un gran valor porque es una tierra con calidad productiva, tiene carretera, vías de comunicación, posee toda la renta diferencial que da valor a la tierra, infraestructura caminera y calidad productiva”, señaló el director regional de Fundación Tierra, Alcides Vadillo.
Pero más allá de ser una zona de expansión agrícola, un segundo factor que hace cotizada a esta tierra es que gran parte de estos suelos, antes eran concesiones forestales que fueron revertidas por el Estado. Eso generó una disputa de esos predios.
“Estas concesiones se revirtieron y han generado una disputa por esas tierras. Incluso han aparecido algunos con títulos de propiedad. Hay gente que tiene títulos y otros están en cuestionamientos”, dijo el especialista.
Detalló que hay una cantidad enorme de asentamientos entre San Julián hasta Beni, que son ilegales, pero que después han sido legalizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Estos asentamientos ilegales con el saneamiento y la propia actividad del INRA se han ido legalizando. Hay una disputa para ver quién se apropie de estas tierras”, observó Vadillo.
Un tercer factor, según el especialista, es que gran parte de los predios fueron demandados como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en donde la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) pasó primero de conciliar con los empresarios, a hacer lo mismo con campesinos e interculturales. Y, por último, a vender de forma directa esos predios.
A estos elementos, el especialista dice que hay que sumar la débil presencia del Estado en esta provincia que ha hecho que empresarios y organizaciones sociales, como los campesinos y los interculturales se disputen y quieran imponer por la fuerza su derecho propietario.
Conflicto
Desde el inicio de gestión del presidente Luis Arce Catacora, la disputa de tierras en Guarayos se acrecentó. Incluso se ha llegado a enfrentamiento, secuestros y hasta muertos por la disputa de tierras, que en la mayoría de los casos se encuentra en producción.
En todo el departamento, según la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), hay más de 100 predios productivos que fueron tomados por la fuerza. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, reportó en todo el país que se tienen registrados 237 casos de avasallamiento.
Esta cartera de Estado informó que tres predios ya fueron liberados en Santa Cruz, donde se tiene en total 101 tomas ilegales de tierra. Mientras que en Beni se reportaron 58 casos; en Pando 31; en La Paz 3; en Chuquisaca 7; en Cochabamba 17; en Potosí 3 y en Tarija 3.
“Como Gobierno vamos a hacer respetar las leyes y normas. No vamos a permitir ningún tipo de avasallamiento ni de pequeños, medianos o grandes empresarios”, advirtió el ministro de Desarrollo Productivo, Remmy Gonzales.
De total de predios tomados de forma ilegal, según el Gobierno, 17 están en pleno desalojo.
En una entrevista a medios estatales, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez reveló que, del total de denuncias la entidad estatal no tiene competencia. “Hay 237 denuncias que han llegado al INRA, pero en 100 el INRA no es competente porque ya están titulados. Cuando ya están titulados, el INRA no tiene competencia, (en ese caso el propietario) debe acudir con su título de inscripción al juez agroambiental”, precisó.
Por normativa, el INRA solo tiene competencia en denuncias sobre avasallamientos a terrenos en proceso de saneamiento y en tierras fiscales, y no así en propiedades con títulos y mucho menos en predios que pertenecen a la jurisdicción municipal.
No obstante, los conflictos por la tenencia de la tierra persisten.
En febrero, nuevamente se denunció la toma de un predio productivo en regla, denominado Santagro, que se encuentra en la jurisdicción de la provincia Guarayos, en donde incluso existe soya sembrada que debe ser cosechada en esta campaña.
Ante los medios del Estado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que, a diferencia de otros Gobiernos de turno, en la administración de Arce Catacora se está actuando contra la toma de tierras.
“Antes, el Estado no se preocupaba. En 2016 teníamos 641 denuncias por avasallamientos, No había protección. En 2022 se ha disminuido a casi la mitad y tenemos 296”, dijo la autoridad.
Guarayos
Grecia Yujra, una víctima de avasallamiento, señaló que desde hace tres años un grupo irregular tomó por la fuerza el predio de su familia, denominado El Encanto, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos. En el predio se desarrollan actividades agropecuarias, como la cría de ganado y cuenta con manejo forestal.
Sostuvo que al tener toda su documentación en regla, se logró en 2021, una orden de desalojo que no prosperó debido a la reacción violenta de esas personas que llegaron a quemar una flota donde eran transportados policías que debían ejecutar esa orden.
Ese terreno tiene 4.500 hectáreas. La mujer señala que incluso los avasalladores cuentan con sembradíos. Tras el fallido primer desalojo, existe una nueva orden, pero factores climáticos han impedido realizar esta operación.
“Todo está, tenemos la orden de desalojo, pero las lluvias no nos han dejado ejecutarla. Mi familia, y mis tíos -porque son cinco los propietarios- han ido a explicarles, pero con esa gente no se puede hablar. Incluso a un juez del juzgado agroambiental le han pegado, cuando fue a dejar una notificación”, relató.
Agrega que el proceso ante el tribunal judicial demoró mucho por fallas del anterior fiscal. “Recién hemos logrado meter uno a Palmasola (gracias al cambio del fiscal)”, señaló.
Incluso, reveló que estas personas quisieron tomar otro predio de 2.000 hectáreas de su familia, pero esta vez, gracias a la ayuda de indígenas del lugar lograron frenar esa toma que no prosperó.
“Hemos dicho que ya no vamos a permitir más atropellos. Hemos pedido ayuda a los originarios del pueblo y a nuestros vecinos. Nos hemos defendido como podemos, no puede ser que vengan, tomen tu tierra, y en dos o tres días armen sus casas. Esta vez actuamos rápido y al vernos con la comitiva se fueron”, señaló.
Álvaro La Torre, exfiscal y abogado de la propietaria del predio incautado tomado por campesinos, sostuvo que hasta el momento existen entre 20 a 30 predios que fueron ocupados por la fuerza.
Es más, aseguró que existen alrededor de 100.000 hectáreas que están en la mira de los avasalladores.
Explicó que una de las razones para que esas tierras sean cotizadas por esos grupos, es porque están trabajadas y no necesitan de trabajos previos. Pero sobre todo tienen acceso caminero. “Incluso hay tierras fiscales no disponibles en donde se han entrado”, dijo el abogado.
Aseguró que es gente de organizaciones afines el Gobierno como la Central Única de Trabajadores Campesinos y los interculturales, por interés económico, debido a que por ejemplo, el valor de 50 hectáreas ronda entre los $us 30.000 y $us 50.000.
Pero en varias ocasiones, los sectores mencionados negaron tener relación con los involucradas en este tipo de actividades ilegales. Y amenazaron con realizar acciones penales contra quienes los señalan.
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