Pasadas las 08:45 de ayer alzó vuelo el avión ejecutivo Beechcraft que envío el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) para recogerlo. Las autoridades bolivianas y agentes de Interpol sentaron a Maximiliano Dávila, el último jefe antidroga de la era Evo Morales, en uno de los asientos de la nave y con esa formalidad dejaron en manos de Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al coronel de policía que fue acusado de “conspirar” para enviar cocaína y armas a ese país.
“Ahora ya está en manos de la justicia de Estados Unidos”, declaró el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, al dar por concluido un operativo jurídico y diplomático que duró algo más de tres meses, un tiempo récord para estos trámites.
De hecho, el trámite fue de “alta prioridad”, según con la documentación que intercambiaron autoridades de Bolivia y EEUU en mérito al caso caso S9-19-19-Cr91(DLC) desde el 25 de agosto cuando se dio el primer paso: La detención con fines de extradición. Este actuado se cumplió en el penal de San Pedro donde Dávila estaba detenido de manera preventiva, pero acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Luego, el 1 de octubre, llegó la nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4061/2024 al Tribunal Supremo de Justicia. Con ese documento, EEUU solicitó formalmente la extradición.
Es más, este pedido fue remitido por el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, con el sello de “urgente”, según constató EL DEBER al revisar el expediente. Este sello de “alta prioridad” también se lee en otros documentos que se presentaron para cumplir la extradición.
El cuarto que va a EEUU
Dávila viajó con personal de EEUU en un periplo que contempló una parada técnica probablemente en Lima, Perú. De allí, a un penal de Nueva York, donde será detenido formalmente.
Así se cumplió la primera extradición desde Bolivia bajo el amparo del Tratado de 1995 que firmaron Bolivia y EEUU. Eso sí, Dávila es el cuarto ciudadano que corrió esta suerte. Se unió a una lista que incluye a René Sanabria, Mario Fabricio Ormachea, Omar Rojas Echeverría, Jorge Roca Suárez (“Techo e’ Paja”) y Luis Arce Gómez (+).
En 2011, René Sanabria, exjefe antidrogas sin antecedentes de corrupción, fue detenido en Panamá tras ser vinculado a un millonario negocio de narcotráfico. Fue condenado en Estados Unidos y regresó a Bolivia en 2021, donde cumplió una condena hasta quedar libre en 2022.
En 2013, Mario Fabricio Ormachea fue detenido en Miami por extorsionar al empresario Humberto Roca. Fue condenado a tres años de prisión. En 2021, Omar Rojas Echeverría, apodado el “Pablo Escobar boliviano”, fue arrestado en Colombia como líder de una red internacional de narcotráfico con conexiones en varios países de América. Su captura condujo al arresto de Dávila en Bolivia, aunque en el país se lo procesó por otros delitos penales.
Jorge Roca Suárez, sobrino del famoso capo boliviano Roberto Suárez Gómez (+), fue socio de Pablo Escobar. Fue detenido en California en 1990, donde cumplió 28 años de cárcel antes de regresar a Bolivia en 2018. Aunque fue liberado tres meses después, fue capturado otra vez en Perú en 2021 y extraditado a EEUU.
Luis Arce Gómez, aprehendido en Santa Cruz en 1989 y extraditado rápidamente a Estados Unidos bajo autorización del entonces presidente Jaime Paz Zamora, completa la lista de figuras vinculadas al narcotráfico en altos niveles de Bolivia. En este caso, la DEA ejecutó una “extracción” porque no había un tratado que regule estas operaciones.
Operativo rápido
De acuerdo con documentos judiciales, la acusación contra Dávila fue planteada por el Gran Jurado de Nueva York, el mismo que activó la causa contra el Chapo Guzmán de México. Tras este prcedimiento derivó el caso a la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde Dávila comparecerá.
La acusación fue sustanciada por el fiscal auxiliar Sam Adelsburg Fiscal auxiliar de Nueva York sobre la base de la investigación que llevó adelante el agente especial de la DEA Jeremy Kirk. Las evidencias señalan que Dávila apoyó logísticamente una importación de cocaína a EEUU
Por eso, el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York implica a Dávila en dos graves delitos: la importación de cocaína en cantidades masivas y el uso de ametralladoras en el contexto del narcotráfico. Ambas acusaciones están respaldadas por el Código de los Estados Unidos, que contempla penas severas, incluyendo cadenas perpetuas.
El primer cargo establece que Dávila conspiró para importar más de cinco kilogramos de cocaína a EEUU, infringiendo las secciones 952, 959, 960 y 963 del Título 21 de su Código penal. Esta categoría de sustancias controladas está clasificada como de “alto potencial de abuso”, lo que agrava las penas, fijadas entre diez años de prisión como mínimo y cadena perpetua. El segundo cargo es por usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos durante actividades de narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de un “hito” de la lucha contra las drogas la extradición de Dávila a EEUU. “En diciembre de 1989, fue capturado el señor Arce Gómez, ministro del exdictador, García Meza por el delito de narcotráfico y ulteriormente extraditado a EEUU, hoy, 35 años después, es extraditado, también a EEUU, el señor Maximiliano Dávila, dos hitos en la historia de nuestro país”, escribió en sus redes.
Ese operativo generó una ola de críticas porque se trató de una “extracción” que vulneró procedimientos diplomáticos y no existía un tratado de extradición.
“Eso es una invención, pero como toda invención, va a caer por sí sola y entendemos y mantenemos las palabras del coronel Dávila que es una persona inocente y allá sabrá librar un justo proceso”, dijo el abogado de la defensa de Dávila Manolo Rojas.
Evo Morales, por su lado, dijo que “Bolivia vuelve a ser una colonia de Estados Unidos” tras enterarse de la extradición.
Vinculado al narco
La trayectoria de Maximiliano Dávila como exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha generado controversia internacional, especialmente tras su captura en enero de 2022. Los informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que durante su gestión hubo una creciente conexión entre cárteles internacionales y operadores locales y regionales.
